Está claro que la realidad digital va muy por delante de la legal. Los marcos regulatorios no terminan de cubrir todas las realidades de una economía digital que cada día plantea nuevos retos: privacidad, el uso de datos, la conectividad 5G, los marketplaces hasta la transformación digital.
La economía digital abarca todo aquello que tiene su actividad en Internet. Más allá de los bienes, se trata de la adopción e impacto que la tecnología tienen en los procesos de consumo y producción. Qué compramos, dónde, qué usamos para ello… hasta tecnologías más sofisticadas como la Inteligencia Artificial, la realidad aumentada, la virtual, el blackchain, clouding, banco online… Básicamente todo lo que hacemos en Internet – en 1990 se acuñó el término “economía digital” – tiene una vertiente económica que no se ve reflejada en los marcos legales.
Para que la economía digital siga su curso es necesario que los proveedores digitales, las empresas que proporcionan dispositivos y servicios de red, se encuentren seguros a la hora de invertir y lanzar nuevos productos al mercado. Y precisamente esta inseguridad es la que parece estar frenando a muchos.
En paralelo a grandes y disruptivos proyectos digitales, los negocios tradicionales encuentran dificultades para adaptarse al entorno digital, ya sea por falta de conocimiento o por falta de capital o infraestructura. Tarde o temprano, se hablará de la economía digital como la única ya que todo tipo de actividad está “obligada” a tener una identidad digital. Se solapará ambas economías, la tradicional y la digital, hasta hacerse una sola.
Marcos de regulación
En los últimos años, son muchos los cambios que la legislación ha adoptado ante ciertos abusos. El más claro es la protección de datos o GDPR en Europa, un intento por controlar quién sabe qué sobre el usuario y cómo éste puede controlar o configurar esa información en Internet. Los escándalos de filtración de datos o de uso de los mismos para fines políticos, han alarmado en gran medida a una población que empieza a ser más consciente de que su identidad digital también debe ser protegida.
Dos grandes retos por delante:
Desde la Unión Europea se quiere incentivar la inversión. Ante la incertidumbre de “zonas oscuras”, Bruselas prepara un plan de modernización de administración, transformación digital para pequeñas y medianas empresas, la implementación del 5G o la formación de competencias digitales.
Para ello ha establecido una serie de acuerdos público-privados que definen que por cada euro invertido por la Unión Europa, la empresa privada deberá invertir al menos tres euros.
Es muy probable que en los próximos años, se realice un gran avance en materia legal con dos nuevos textos en materia de economía digital, en concreto, la Digital Services Act (DSA) y la Digital Markets Acts (DMA). Aunque aún se desconoce el contenido, se sabe que afectará principalmente a las plataformas, desde las redes sociales, buscadores y marketplaces. Es decir, a empresas tan potentes como Facebook, Google o Amazon.
El otro gran reto al que se enfrente la Unión Europea es dar un paso más en materia de protección de datos. La GDPR forzó a un cambio en el tratamiento de los mismos y se prevé que el Reglamento de Gobernanza de Datos profundice en materia de protección de intercambios electrónicos, es decir, el acceso y uso de datos de terceros o cookies. En este sentido, ya se trabaja para la eliminación total de las cookies aunque sigue siendo un terreno sin explorar.
Por su parte, España planea la llegada del 5G con una ley en ciberseguridad. Según el índice DESI (Digital Economy and Society Index) nuestro país está en el puesto 11º de 28º en materia de digitalización. ¿Esto qué significa? Claramente queda mucho trabajo por hacer. Para el sector de las telecomunicaciones, falta desarrollar una ley integral en ciberseguridad. Los primeros pasos se han dado en este verano cuando en el mes de julio se adjudicó la banda de frecuencias de 700MHz a los operadores Telefónica, Orange y Vodafone. Ésta última, se desvinculó de Huawei en favor de Ericsson y Nokia como sus próximos proveedores, después de escándalos de espionaje en Reino Unido. Sin embargo, no contar con la empresa asiática puede dañar los lazos comerciales entre China y España. Un asunto que indica de nuevo, la necesidad de una mayor regulación en el sector y apostar por razones técnicas y no geopolíticas.
Esta reordenación de las frecuencias permite agrupa las frecuencias de la banca 3,5GHz que en términos aplicables, supone poder ofrecer máximas velocidades a los usuarios, es decir, 5G. Por el momento, se estima que el 75% de la población española tiene acceso a la cobertura 5G y tendrá un enorme impacto económico que según un estudio de Oxford Economics supondrá un estímulo de 14.600 millones de euros en nuestra economía.
En este punto es importante remarcar que el 5G no solo afecta a dispositivos móviles sino que también debe tener en cuenta a los dispositivos IoT. Los ciberataques también se realizan a través de cafeteras, cámaras, neveras o despertadores inteligentes por lo que las leyes en ciberseguridad y 5G deben recoger igualmente este riesgo… lo que puede afectar al lanzamiento de productos con determinadas funcionalidades o diseños.
La ley en Ciberseguridad y la Ley General de Telecomunicaciones seguramente serán redactadas a partir del año que viene y seguirá las pautas entregadas desde la Comisión Europea en el “ToolBox”, recomendaciones – en su mayoría técnicas- a los países miembros para que estos desarrollen su propia ley nacional con el objetivo de evitar riesgos de todo tipo en la seguridad. La entrada en vigor de las leyes, es otra cuestión.
El gobierno español ha enviado a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del que dependerá la concesión de ayudas y subvenciones europeas que en principio contará con una inversión inicial de casi 4000 millones de euros. En cualquier caso habrá que esperar a la decisión final de Europa para poner en marcha los planes en ciberseguridad e implantación del 5G.
